Plan para paliar la inseguridad

Rizzo le presentó a Aníbal Fernández un plan para paliar la inseguridad La iniciativa elevada es de creación de un “Ente de Cooperación de Registro de Cuerpo de Oficiales de Prueba” para asegurar el efectivo control del cumplimiento de las normas de conducta impuestas por los jueces a los condenados con penas de ejecución condicional y a los imputados que se les ha concedido la suspensión del proceso a prueba, más conocida
en nuestro medio como probation.
El objetivo es que el Oficial de Prueba se constituya en un valioso instrumento del Juez de Ejecución Penal y del órgano jurisdiccional que imparta las instrucciones. Para ello, el “Ente de Cooperación” organizará y dirigirá la selección y capacitación de los aspirantes a Oficiales de Prueba, para lo cual se abrirá un registro de abogados interesados, que luego serán capacitados.
El Oficial de Prueba deberá controlar una cantidad determinada de casos, según la complejidad de los mismos, lo que será estimado por la jefatura del área específica. En su labor deberá conjugar dos líneas de acción: el control formal de las reglas de conducta y la verificación de la realidad. Asimismo procurará ubicar al supervisado socialmente y ayudarlo en la remoción de factores que pudieran gravitar en la comisión de nuevos hechos delictivos. El control del supervisado deberá hacerse en forma personal y con verificación de los domicilios real y laboral. Si viajasen por el interior del país deberán notificar esta circunstancia al Oficial de Prueba. Éste estará a su vez encargado de verificar la realización de las tareas comunitarias ordenadas judicialmente, indicando los incumplimientos totales o parciales en forma inmediata al Ente de Cooperación, que procederá, sin más, a notificar al Juez de Ejecución dicha circunstancia, como también, la ductilidad de la Institución utilizada para la colaboración requerida, sugiriendo la onveniencia o no de continuar la relación con la misma a través de los informes que elabore. De igual manera, dictaminará sobre la necesidad de
asignar diferentes tareas al supervisado invocando las razones que lo conducen a emitir esa opinión. Tras el encuentro con Fernández, Rizzo señaló su convicción de que “sólo a través de políticas públicas adecuadas y consistentes se podrán realizar mejoras en estos aspectos”, es por ello que “confeccionamos un proyecto que consideramos hará un aporte concreto y sustancial para disminuir el nivel de reincidencia y favorecer la reinserción social de quienes han estado vinculados a actividades delictivas”. El presidente del Colegio, Jorge Rizzo, le entregó al entonces ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, una propuesta para un nuevo convenio entre las dos instituciones que busca ayudar a afrontar los problemas de inseguridad.